Después de largos y duros meses de enfrentamientos en torno de la famosa “125” apareció repetida en los medios la palabra consenso. Se fue convirtiendo en la llave que abriría caminos de entendimiento y pacificación. Esta imperiosa necesidad de consensuar pareciera contener la clave para la superación de todo conflicto. Sin embargo, aun a riesgo de someterme a la pedrea pública voy a disentir con la propuesta, tal como aparece a primera vista. Puesto que esa idea no aclara temas demasiado importantes para aceptarla sin más.
¿Con quién o quiénes se debe consensuar? Puesto que al abrir el ámbito del debate pareciera que se ha logrado democratizar el tratamiento de los temas en litigio. La participación masiva de personas dentro del recinto parlamentario demostró la intolerancia de un importante sector de los participantes (extra representantes electos) a los que la presidencia debió llamar más de una vez al respeto por el uso de la palabra, cuando abucheaban a los que no compartían las ideas de ese sector vocinglero. Si la democracia es representativa ¿qué se entiende como tal? ¿Los representantes de las entidades sectoriales deben tener voz y voto dentro del recinto parlamentario? ¿No se corre el riesgo de convertir la representación en un procedimiento corporativo? Se debe recordar acá la insistencia en hablar del derecho que tiene el campo de estar representado como sector. Aparece acá una contradicción grave en aquellos que alzan sus voces en nombre del liberalismo político. Los sucesos recientes mostraron los riesgos de una deliberación pública que intentó imponer intereses minoritarios, sectoriales, arrogándose un derecho que no está en la Constitución, tan agitada por los mismos liberales.
Y, hablando de liberales, ¿no pareció asomar entre tantos gritos el aparentemente fallecido “pensamiento único” que reconoce como razón imperante únicamente la que establece el sagrado mercado? El aprovechamiento de los precios internacionales pareció ser la premisa mayor de todo el razonamiento, excluyendo cualquier otra consideración como, por ejemplo, un mejor reparto de las riquezas. Si el consenso debe respetar la pluralidad de intereses, en esos encuentros no estaban representados los excluidos de ese reparto, aquellos que siempre padecieron la concentración de la apropiación.
Partiendo de una apreciación más abarcativa de los intereses en juego., conviene repensar además qué tipo de “consensos” deben lograrse para no esconder maniobras mezquinas tras discursos “progresistas”. Conviene no perder de vista que pocos meses antes las mayorías se pronunciaron por un reparto equitativo de la riqueza y por la inclusión de una mayoría social que resultó ser la “siempre olvidada”. Dijo un analista: «La cuestión del consenso político se ha vuelto un tema central del debate político, o por lo menos un lugar común predominante en la retórica de la oposición mediático-política. A tal punto que el vicepresidente Cobos ha logrado elevar bruscamente su notoriedad política, sobre la base de presentarse como “el hombre de los consensos”».
Visto los resultados del rechazo de la “125” deberíamos preguntarles a todos los que festejaron ¿quiénes han sido los beneficiarios de ese consenso? Esto no debe entenderse como un rechazo a los consensos sin más, sólo pretendo llamar la atención sobre el contenido del consenso logrado, sobre los intereses de los actores que empujaron y lograron ese consenso y el estado social de beligerancia, de amenazas, de excesos de violencia, de chantaje social con el desabastecimiento, etc. Nada de ello parece mostrar las exigencias de democratizar más la democracia, como los medios quisieron pintar el resultado.
Si los grandes partidos populares «han nacido con la explícita pretensión de representar al todo nacional y bajo la afirmación de que quienes los enfrentaban eran la expresión del “régimen” o de la “antipatria”, a los que, como tales, no les correspondía lugar alguno en el sistema político. La demanda del mutuo reconocimiento de legitimidades y de aceptación del juego de la competencia y la alternancia política tiene un innegable sentido para nuestra práctica política». Insisto, si la democracia es representativa de la ciudadanía, ¿por qué se habla de un parlamento que requiere las presencias corporativas? ¿No se está infiltrando un fascismo bajo el manto del consenso necesario? Si la ciudadanía se expresó pocos meses antes ¿qué razón tienen las minorías que no acreditaron peso electoral en levantar las voces airadas en queja?
Entonces: «¿Cuáles son las cuestiones sobre las que una democracia exige consenso? Son ante todo las que tienen que ver con el respeto del pluralismo, la observancia de los derechos individuales y colectivos, tal como están formulados en la Constitución. Pueden sumarse acuerdos sustantivos, conseguidos a través del diálogo político, a través de los que se diseñen en determinadas “políticas de Estado”, es decir líneas de acción que adquieran permanencia más allá de los cambios circunstanciales de signo político en el gobierno». No pueden ser aceptadas, en ningún caso, estas exigencias “consensualistas” cuando no queda claro que es lo que realmente están buscando. Los que exigieron esos consensos ¿están dispuestos a consensuar las políticas que quieren imponer?
x
