No resulta nada fácil tener que escribir sobre la situación política actual. Estaba pensando en esto cuando se me cruzó una frase del cómico Groucho Marx, famoso por sus ironías: «La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados». Estas palabras dichas hace más de cincuenta años en los EEUU siguen teniendo vigencia hoy, y en nuestro país se tornan más tétricas, o al menos eso me parece. Una gran parte de la dirigencia no tiene el menor pudor de decir cualquier cosa con tal de que salga reproducida en algún medio de información. Ud., Sr. Lector, estará pensando en la dirigencia política, pero porque no la sindical, la empresarial, la institucional, la deportiva, etc., etc., etc. Es de tal dimensión la chatura moral e intelectual, que se llega a tener la sensación de que están haciendo un gran esfuerzo para parecerse a los personajes que circulan por la televisión y a sus entrevistadores incluidos. Esto, debo decirlo, no incluye a esas honrosas excepciones que, por ser tal, no abundan.
Un ejemplo de lo que estoy diciendo es lo que ocurrió en estos días en la reunión de ambas Cámaras del Congreso ante la visita del Relator de las Naciones Unidas en materia de Promoción y Protección de la Libertad de Expresión, Frank La Rue. Estoy hablando de un funcionario internacional que nos visita por temas de su especialidad. Este señor ha cometido, tal vez por ingenuidad o falta de información, el error de hablar en términos admirativos del Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Dijo: «Es lo más avanzado que he visto en el continente y en el mundo en cuanto a telecomunicaciones, que aquí le llaman difusión de servicios de comunicación audiovisual… Uno de los puntos centrales del proyecto que más me entusiasmó es dividir el espectro de medios audiovisuales en tres partes iguales, el 33 por ciento para los medios privados con fines de lucro, el 33 por ciento para el Estado en sus distintos estamentos y 33 por ciento para las organizaciones comunitarias… Yo mismo nunca me he atrevido a dar recomendaciones tan específicas porque eso lo debe ver cada país, esto es muy de avanzada».
Más adelante afirmó (y al que le quepa el sayo que se lo ponga): «Hay países donde los medios están absolutamente monopolizados, eso es inaceptable y hay que combatirlo. En segundo lugar, hay que generar mecanismos alternativos para que los sectores sociales que nunca han tenido acceso a la comunicación los tengan. A los propietarios de los medios les cuesta entender que la libertad de expresión implica pluralismo. Es uno de los principios doctrinales de los derechos humanos. La libertad de expresión implica pluralismo, y el pluralismo implica combatir los monopolios. Cuando Clarín me criticó me hubiera gustado que me diera el derecho a réplica». El “gran diario argentino” se comportó como tantos otros dirigentes nuestros. Claro, hay que entenderlo, no podía aceptar que esta persona, con su autoridad en la materia dijera lo que dijo: «Este proyecto de ley lo que está haciendo es traducir la doctrina de derechos humanos a una ley, a una guía. Y me parece muy bien… Un historiador me decía que si revisáramos las grandes concesiones radiales o televisivas en América latina veríamos que todas estuvieron vinculadas a las dictaduras militares». Esto es demasiado fuerte para los grandes medios de nuestro país. Por lo tanto lo que corresponde es acallarlo: esto nunca ocurrió.
Ante algunas manifestaciones que recogió con gran sorpresa que afirmaban que no era el momento o que se podía seguir un tiempo más con la que teníamos dijo: «Nunca ningún país con dignidad democrática puede permitir que leyes de la dictadura permanezcan. Es urgente cambiarlas en todo el continente pero especialmente en la Argentina. Además, se la está intentando cambiar de una forma democrática… Convertir este proyecto en ley sería una muestra de la madurez política de Argentina por parte del Congreso. Nadie debe quedarse afuera de esta experiencia. Además, no entendería cuáles podrían ser las razones, en un país que goza desde hace veinte años de democracia, de querer mantener una ley de la dictadura».
Qué otra cosa que lo que escribí en el comienzo de esta nota puede decirse al saber que la diputada Silvana Giudici (UCR) lo interpeló de mala manera, al reaccionar respecto de los elogios que La Rue manifestó por el proceso previo de consulta a la sociedad civil que se viene realizando en todo el país con la participación amplia de todos los sectores. Ante lo cual la diputada reclamó que “el debate sea en el ámbito del Congreso, en el seno de las comisiones de Comunicaciones y de Libertad de Expresión”. El Sr. La Rue calificó de “fascinante” el proceso de debate público previo a la elaboración del proyecto, y resaltó que le «parece importantísimo” que dé espacio al “pluralismo y el acceso de todos los sectores”. Parece, por la reacción de algunos, que los representantes no aceptan la opinión de sus representados. Estos son los criterios democráticos que lucen estos dirigentes.
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