Habían quedado planteadas las dudas que generaron ciertas investigaciones, sin embargo eso no impide saber que en algunos casos delitos de mediana dimensión fueron esclarecidos y han recibido su condena. Gerardo Reyes publicó en El Nuevo Herald , el 26-4-2006, su investigación sobre una entidad bancaria BankAtlantic , una de las instituciones financieras más grandes del sur de la Florida, que acordó pagar U$S 10 millones al gobierno de Estados Unidos por fallas en su sistema de detección de operaciones de lavado de dinero presuntamente producto del narcotráfico, informó desde Washington el Departamento de Justicia.
«Los controles internos poco efectivos, pruebas independientes ineficaces, correctivos improductivos… llevaron a un fracaso por parte del BankAtlantic en el reporte oportuno de transacciones sospechosas y en prevenir adecuadamente el uso del banco para el lavado de dinero», afirma la declaración de un acuerdo judicial firmado por representantes del banco y funcionarios de la división de confiscaciones y lavado de dinero del Departamento de Justicia». Informa Reyes: «En un documento de información criminal radicado en la corte Federal de Fort Lauderdale, la fiscalía acusó al banco de un cargo por no mantener un programa contra el lavado. El banco se acogió a un acuerdo judicial de postergación de un encausamiento».
El presidente del banco, Alan B. Levan, reconoció que hubo deficiencias en el cumplimiento de la ley para prevenir el lavado. «Desde entonces [cuando fueron notificados de la acción] hemos trabajado incansablemente para asegurar que estamos cumpliendo la ley y otras regulaciones… estamos contentos de que hemos dejado este tema en el pasado», en una declaración publicada por el banco en su sitio en internet. El acuerdo judicial que acepta el reconocimiento por parte del banco de sus incumplimientos «no identifica los nombres de los cuentahabientes involucrados ni de los beneficiarios finales de las operaciones de lavado, pero sí describe la forma en que una de las sucursales del banco fue usada para depositar los dividendos producto presuntamente de la venta de drogas».
Según la declaración realizada, oficiales encubiertos de la Agencia de Lucha contra las Drogas (DEA) recibían dinero en efectivo, entre $150,000 y $500,000, de recaudadores callejeros que trabajaban para narcotraficantes. En espera de las instrucciones de los expertos en lavado de la organización criminal, la DEA depositaba el dinero en una cuenta encubierta de un banco. No queda claro si la cuenta encubierta estaba en conocimiento de la DEA o si era una maniobra de los oficiales de esa institución. «Al recibirse las instrucciones, los agentes se percataron de que más de $7 millones debían ser depositados en varias cuentas del BankAtlantic manejadas por el gerente de una sucursal. El gerente no fue identificado. A pesar de que las cuentas donde fue depositado ese dinero mostraban varias señales obvias, »que debían poner en alerta a BankAtlantic de un creciente riesgo de lavado», el banco no identificó ni reportó las actividades sospechosas, afirma el sumario».
Entre las actividades sospechosas, los investigadores señalaron «el flujo de transferencias cablegráficas de numerosas cuentas en Estados Unidos e internacionales, cuyos fondos eran enviados luego, en cheques o en forma cablegráfica desde estas cuentas, a individuos y empresas generalmente dedicados el negocio de exportación en Colombia, y no relacionados en nada con los remitentes. El movimiento de una de las cuentas sospechosas fue analizado durante cuatro años y arrojó actividades que definitivamente debían encender las alarmas antilavado del banco, según el gobierno». Según el documento, el gerente de la sucursal del banco tenía estrecha amistad con las personas relacionadas con las cuentas sospechosas. Entonces, el conocimiento de esa amistad ¿no permitió avanzar en la investigación? El periodista deja abierta la interrogación con señales claras de que el arreglo judicial impidió profundizar las conexiones y todos los implicados en el caso.
Es sólo un ejemplo de los límites que han tenido este tipo de investigaciones, lo cual permite sospechar de la responsabilidad de autoridades de mayor rango que no aparecen inculpadas.
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