El poder del dinero de Wall Street es tan grande y llega hasta los rincones menos pensados. Algunos dirigentes políticos han intentado resistir ese tipo de tentaciones, pero la abstinencia financiera tiene sus consecuencias. Las campañas son cada vez más costosas y sin una publicidad política adecuada desaparece del escenario político aquel que intenta acceder a algún cargo. Eso ¿tendrá alguna correlación con lo que sucede en nuestro país? El tratamiento de la Ley de servicios audiovisuales, las resistencias que aparecieron, los incomprensibles discursos de algunos de los miembros de la oposición ¿tendrá alguna relación con este tema? Veamos qué se cuenta allá en el norte.
«El periodista Matt Taibbi, escribió que parte de la venta más notoria del gobierno de EEUU a Wall Street se concretó a fines de los años noventa, cuando “los demócratas, cansados de morir barridos por los republicanos en la arena de la recolección de fondos, decidieron relanzar su vieja confianza en las uniones corporativas y grupos de interés y hacerse más amistosos hacia los negocios. Wall Street respondió inundando Washington con dinero, comprando aliados en ambos partidos”. En el período de diez años que comenzó en 1998, las compañías financieras pasaron 1,7 mil millones de dólares en contribuciones para campañas federales y otros 3,4 mil millones dólares en pagos a cabilderos o lobbystas. Las sabias inversiones políticas de los grandes banqueros de EEUU les permitieron desechar con eficacia cualquier descuido significativo de la industria financiera».
Las reglas del funcionamiento de los EEUU permiten la existencia legal de los «cabilderos o lobbystas», es decir de profesionales, de lo que llamaríamos en nuestro lenguaje, el apriete. Se podría pensar en tablas de cotizaciones en las cuales se valora la ley a sacar y el costo de ella que tiene su tratamiento. No hace tanto tiempo, no debemos olvidarlo, la Ley de Flexibilidad Laboral se consiguió con un trámite no muy diferente. Algunas denuncias declararon que el Ministro de Trabajo de aquel entonces dijo que los votos los conseguía con la banelco. ¿Habremos aprendido del norte? «En 1999, el senador republicano por Texas Phil Gramm copatrocinó una iniciativa que revocó los aspectos claves de la ley “Glass-Steagall Act”, que desde la Gran Depresión impedía que los bancos ingresaran al negocio de los seguros. Al año siguiente, Gramm redactó una nueva legislación arrolladora llamada “Commodity Futures Modernization Act”, que hizo imposible regular los intercambios de créditos “swaps” [permuta financiera] y otras jugadas poco seguras. Así fue desregulado el aventurerismo en la comercialización del crédito. En 1997 y 1998 –los años iniciales de la reforma de Phil Gramm que destripó la ley “Glass-Steagall”– las industrias bancarias, de corretaje y aseguradoras gastaron 350 millones de dólares en contribuciones políticas y en cabildeo. Gramm, entonces presidente del Comité de Actividades Bancarias del Senado, recolectó 2,6 millones de dólares en solamente cinco años. La ley 90-8 fue aprobada en el senado con el apoyo de 38 demócratas, incluyendo a Joe Biden, John Kerry, Tom Daschle, Dick Durbin y John Edwards. La ley ayudó a crear los fracasados grandes monstruos financieros del tamaño del Citigroup, de AIG y del Bank of América, y a la vez ayudó a esas compañías a demoler lentamente a sus competidores más pequeños, dejando a las principales empresas de Wall Street con aún más dinero y poder para cabildear en favor de más desregulación adicional».
Equivale a decir, la corrupción política abrió las puertas de entrada a negocios desregulados, sin control de ninguna institución ni organismo especializado, por la que entraron los especuladores más desaprensivos que empujaron el sistema financiero al abismo del que todavía no hemos podido salir. Se podría pensar que lo que pasó hizo recapacitar a los dirigentes políticos más cercanos al centro del poder de los EEUU y ahora se está estudiando cómo evitar situaciones similares. Pues no. «A comienzos de 2009, se inventó una nueva serie entera de operaciones del gobierno para inyectar dinero en efectivo a la economía, la mayoría de ellas bajo control totalmente reservado al sector financiero. Mientras el resto de EEUU y la mayor parte del Congreso han estado alardeando sobre el programa urgente de 700 mil millones de dólares de ayuda denominado TARP, los nuevos organismos recientemente creados en el zoológico de la Reserva Federal (FED, por su sigla en inglés) han estado bombeando discretamente, no miles de millones sino millones de millones de dólares, a las manos de las empresas privadas (por lo menos 3 millones de millones [billones españoles, equivalentes a “trillones” estadounidenses] de dólares hasta ahora en préstamos, con otros tantos 5,7 billones adicionales en garantías de inversiones privadas)».
No debemos desesperar, pero sí tomar conciencia de las enormes dificultades que aparecen en el camino de los que intentan cambiar el rumbo de la concentración económica. Argentina no es una excepción.
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