Estamos ante un proceso que se abre por la revisión de la ley de Radiodifusión. Analizar el caso brasileño es un ejercicio interesante e iluminador, en las actuales circunstancias. En cierto modo, es una especie de espejo en el cual mirar un futuro posible nuestro. Si bien es necesario establecer algunas diferencias el cuadro general debe funcionar como una advertencia para nosotros. El contraste que primero debe subrayarse, y esto debe ser planteado con sumo cuidado por las consecuencias que puede acarrear, es el público que se fue conformando en Brasil y en nuestro país. Las diferencias educacionales son apreciables para quien quiera observar la capacidad de defenderse del bombardeo mediático en un caso y en otro. La conformación de una cultura de clase media que comenzó a configurarse desde principios del siglo XX en la Argentina marcó una diferencia notable respecto de gran parte de Latinoamérica. Fuimos durante décadas un polo de producción cultural, en el más amplio sentido de la palabra, para el resto del continente de habla castellana.
Esto le impone al manejo mediático de las empresas ciertos límites respecto de lo que acá o allá puede hacerse. De todos modos veamos ese caso. Durante la campaña electoral de 1999 la Red Globo emitió la telenovela “Salvador de la Patria” en la que aparecía un personaje, Sassá Mutema, clara y burdamente identificable con Lula: no tenía formación universitaria, era de origen humilde y se postulaba para la alcaldía de su pueblo. Una vez electo se corrompía ante las tentaciones del poder. No creo equivocarme al afirmar que eso sería fuertemente criticado en nuestro país por gran parte del arco político. Nuestro público exige mayor sutileza en los agravios. Aunque a veces tengo dudas sobre el particular.
Esto nos muestra que para los grupos mediáticos, aun con diferencias, la capacidad de operar sobre la conciencia ciudadana es muy grande. Podemos leer en la nota de Le Monde diplomatique: «Globo es un actor político que además de narrar y moldear los conflictos en la esfera pública también participa de su resolución al actuar, en la esfera privada, como un factor de presión. En 1988, cuando fue aprobada la Constitución brasileña, el bahiano Antonio Carlos Magalhaes, entonces ministro de Comunicaciones, y el carioca Roberto Marinho, urdieron una exitosa operación de lobby materializada en los artículos 220 a 224 de la Carta Magna en los que se consagra una concepción patrimonialista de un bien público como es el espectro radioeléctrico. Dicho articulado estipula que las concesiones de licencias de radio, 10 años, y televisión, 15 años, son renovables automática e indefinidamente».
Es evidente que con tal norma constitucional los gobiernos tienen las manos atadas para poner limitaciones al uso abusivo y agraviante que desarrollan muchas veces con sus prédicas políticas. Un caso similar es Venezuela. Un gobierno elegido por el voto popular mayoritario poco o nada puede hacer para poner coto a la salvaje concentración de medios que atenta contra la tan proclamada libertad de prensa. Libertad de la que sólo puede hacer uso el monopolio concentrado, lo que la convierte en una libertad de empresa. Esta ventaja coloca en un plano de excepción y privilegio a esa empresa con respecto a los otros medios posibles y alternativos. Este poder del que hacen gala se manifestó en la Cámara de Senadores cuando hicieron pública su oposición a la decisión del presidente Hugo Chávez de no renovar la licencia caduca de la televisora RCTV de Venezuela, con una clara intromisión en un país soberano. Al mismo tiempo fue una advertencia a Lula respecto de la Red Globo para impedir actuar contra sus privilegios. La prórroga de diez años de las licencias en nuestro país aparece hoy como un claro error.
A esta altura me salta un recuerdo, una leyenda que aparece en muchas películas: “Cualquier semejanza con la realidad (nuestra) es mera coincidencia”.
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