Ante nuestros ojos se está librando una feroz batalla. Tiene por escenario el Congreso de la Nación y la disputa se da en torno a una ley que intenta darle un orden democrático a la información pública. Parapetados detrás de varias bancadas se encuentran los batallones de los defensores del status quo. ¿Por qué esta ley es tan importante? Encontramos una respuesta en esta afirmación de un intelectual italiano de sobrados antecedentes en la materia, Giovanni Arrighi, quien afirmó: «La sociedad de la información es una de las más ignorantes de la historia». Es que esta sociedad descubrió un modo mucho más sutil de mantener al gran público en esa ignorancia: simular que informa.
La periodista y escritora María Toledano sostiene al respecto: «Existe una relación histórica, conocida, que une información y poder. Es una relación estable, limpia y ordenada como un sacramento católico, como un buen matrimonio burgués. Las empresas propietarias de los grandes medios de comunicación (que a su vez detentan infinidad de otros negocios multinacionales) deciden, de acuerdo con sus intereses y los de sus anunciantes, qué se emite o publica, cómo y cuándo. Los férreos filtros (pocas veces se equivocan) vienen fijados por los directivos, verdaderas correas de transmisión -perros de presa- de su accionariado y responden ante los indefensos espectadores con pequeñas dosis de verosimilitud (una aparente mirada inocente sobre el mundo) que nada tiene que ver con la verdad de los hechos descritos, ni con el principio básico -repetido por ellos mismos hasta la extenuación- de la objetividad».
Dice poca más adelante: «La idea es sencilla. Cuanto menos sepamos (esa es la única función de los mass-media) y más sepan (de cualquier materia) aquellos que circulan por las autopistas y moquetas del poder, más difícil será la crítica, más dura la batalla e imposible (casi) la erradicación de sus métodos y procedimientos de explotación y apropiación. La ciudadanía, destrozada y sin apenas más aliento que el denominado “tiempo de ocio” promovido por la dinámica consumista, es incapaz de reaccionar y las píldoras o mensajes -lo que se denomina “información”- van calando de tal forma que resulta imposible establecer un diálogo sensato (por no decir crítico) con alguien cuyas fuentes sean, únicamente, los medios mayoritarios. El objetivo está logrado. Por un lado la sociedad, el conjunto de los ciudadanos libres e iguales, legitima con su aceptación cotidiana -su incapacidad colectiva para desear otro modo de mirar, exigir y entender es dramática- los medios de masas y la veracidad de las noticias o análisis (ya no existe diferencia) y por otro, desautoriza, de raíz, sin paliativos, como exigen los cancerberos de la difusión, todas aquellas informaciones (por contrastadas que estén) que no provengan de sus autorizados órganos de emisión».
Pues bien de esto se trata la batalla que se está librando. Por tal razón debemos preguntarnos si queremos la perduración de este estado de la información pública o queremos abrir es espectro de fuentes de información para tener acceso a una multiplicidad de modos de entender la realidad actual. El prestigioso Ignacio Ramonet, de Le Monde Diplomatique, nos da una muestra de cómo funciona esto: «Muy pocos medios de comunicación lo han comentado. La opinión pública no ha sido alertada. Y sin embargo, las preocupantes conclusiones del Informe final, publicado por la Comisión Europea el pasado 8 de julio, sobre los abusos en materia de competencia en el sector farmacéutico merecen ser conocidas por los ciudadanos y ampliamente difundidas. ¿Qué dice ese informe? En síntesis: que, en el comercio de los medicamentos, la competencia no está funcionando, y que los grandes grupos farmacéuticos recurren a toda suerte de juegos sucios para impedir la llegada al mercado de medicinas más eficaces y sobre todo para descalificar los medicamentos genéricos mucho más baratos. Consecuencia: el retraso del acceso del consumidor a los genéricos se traduce en importantes pérdidas financieras no sólo para los propios pacientes sino para la Seguridad Social a cargo del Estado (o sea de los contribuyentes). Esto, además, ofrece argumentos a los defensores de la privatización de los Sistemas Públicos de Salud, acusados de ser fosos de déficits en el presupuesto de los Estados».
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